Hoy se realizó en el Congreso de la Nación la Audiencia Ciudadana donde se debatió sobre la imperiosa necesidad de esclarecer la muerte del Fiscal Alberto Nisman, así como la denuncia que, en el marco de la causa AMIA, oportunamente había presentado el Fiscal especial. El encuentro, que se desarrolló en el Salón Azul del Senado contó con la presencia de la ex mujer del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, destacados juristas, intelectuales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, y miembros de los bloques de Senadores y Diputados de la UCR, FAP, GEN, UNEN, CC-ARI, Proyecto Sur, Frente Renovador, Peronismo Federal y UNION-PRO, bloques que integran el grupo CONSENSO PARLAMENTARIO.

Al finalizar la reunión, el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri aseguró que “la Audiencia de hoy señala un punto de inflexión y el Gobierno debe recapacitar. La situación en el Congreso sería hoy diferente si el oficialismo no hubiese hecho las cosas a las patadas, si se hubiese buscado el consenso, si el Gobierno no se hubiese puesto en culposo, si hubiese actuado con prudencia, como reclamaba la jueza. De nuestro lado ha habido sobriedad. Donde no ha habido sobriedad es en el Gobierno, que nos invita a bailar en vez de hacer silencio en la tragedia”, remarcó.

Y resaltó la presencia de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de asistir a la Audiencia Ciudadana “con la confianza de que aquí no había manipulación política y solamente la vocación de contribuir a la búsqueda de la verdad y en contra de la impunidad”. Y señaló que la ex mujer de Alberto Nisman “expuso un mensaje claro, directo y con equilibrio y que corresponde a la estatura del cargo que desempeña pero también a la responsabilidad que tiene como madre de sus hijas”.

Los participantes redactaron un documento, titulado como “Compromiso Consenso Parlamentario”, que señala lo siguiente:

La bala en la sien del fiscal Alberto Nisman se proyectó de manera simbólica sobre el Parlamento, el lugar donde dialogan las fuerzas políticas de un país y resuenan las ansias o los desvelos de una sociedad. Hoy, la consternación, el desamparo y el desasosiego ante la muerte del fiscal nos increpa como legisladores y nos obliga a abrir las puertas de este Congreso para que se llene con las voces de la ciudadanía, las víctimas del atentado a la AMIA, referentes por la defensa de los Derechos Humanos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, que a lo largo de treinta años han sido custodios de los valores democráticos.

Una vez más, una muerte política da de lleno en el corazón de nuestro país y pone dramáticamente en evidencia la debilidad institucional, el atropello a la República, la confrontación como cultura política y la oscuridad de los servicios de inteligencia que lejos de proteger al ciudadano han sido un instrumento de extorsión sin subordinarse al control democrático.

Este Parlamento tiene la obligación de restituir la legitimidad necesaria para que los jueces puedan hacer justicia por todos nosotros y garantizar procesos jurídicos libres de presiones. Solo así la verdad y la justicia no desaparecerán en farsas de impunidad.

Para honrar esas demandas de Verdad y Justicia, los legisladores de los diferentes bloques políticos, reunidos en el Consenso Parlamentario, nos comprometemos a:

  • Derogar la ley de Inteligencia del oficialismo e instar tanto a los candidatos presidenciales como a los presidentes de los partidos políticos a cumplir el mismo compromiso. Promover un auténtico debate para construir como política de Estado una nueva agencia de inteligencia sujeta a los principios del sistema democrático: el control, la transparencia y el secreto como excepción, no como normalidad.
  • Impulsar la creación de una Comisión investigadora en el ámbito del Congreso de la Nación integrada por personalidades independientes con reconocido prestigio social y representantes de las víctimas del atentado a la AMIA. El objeto de la Comisión debe ser el esclarecimiento integral del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA; en particular, las circunstancias políticas, jurídicas, nacionales e internacionales que hicieron posible el atentado y que hoy con la muerte del fiscal Nisman revelan la matriz de complicidades  y encubrimientos que sobreviven en el Estado, de acuerdo con los Proyectos de Ley N 4429-D-2014 y S-1761/14, presentados ambos con fecha 05/06/2014 en la Honorable Cámara de Diputados y el Honorable Senado de la Nación, respectivamente.
  • Modificar la ley del Ministerio Público Fiscal a fin de garantizar el estricto cumplimiento del Artículo 120 de la Constitución Nacional como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera para evitar la intromisión del poder político en la actividad de los fiscales de todo el país.
  • Derogar el “Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de Julio de 1994”.

 

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